La
Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se
tambalea, tan solo hace cinco meses que se implantaron las últimas
medidas de la famosa “Ley Wert” pero el pleno del Congreso ha decidido
echar atrás el proceso. Esta decisión afecta principalmente a las nuevas
evaluaciones de ESO y Bachillerato, conocidas como reválidas, que no
tendrán efectos académicos y servirán como prueba de acceso a la
universidad.
Con la negativa del Ejecutivo, el Grupo Parlamentario Socialista
ha conseguido colar la paralización del calendario de la LOMCE en el Congreso. Con 208 síes, 133 noes y 2 abstenciones, la tramitación ordinaria de la
Propuesta de Ley
comenzará con una presentación, un debate y una votación de enmiendas
parciales en la Comisión de Educación. El ministro de Educación, Iñigo
Méndez de Vigo, ha explicado que “se espera un proceso largo para
modificar una Ley Orgánica”.
A
su vez, ha anunciado que convocará la Conferencia Sectorial de
Educación el próximo 28 de noviembre para suspender los efectos
académicos de las reválidas, “como ya teníamos planeado”, añade
intentando quitarle importancia a la PL de suspensión que se debatió en
el Congreso.
La
proposición de ley “es el punto de partida”, según fuentes socialistas,
para una reforma que incluye la vuelta a la PAU (Prueba de Acceso a la
Universidad), una oposición a la evaluación de 6º de Primaria y a las
reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, quitar el valor
académico a la asignatura de religión, la vuelta del nombramiento de
directores a través de los consejos escolares, posibilitar la titulación
en la ESO de quienes sigan los programas de Formación Profesional
Básica, y que los centros que separan a los alumnos por sexos no se
financien con fondos públicos. Todo esto se debatirá en la Subcomisión
de Educación que se creará para poner en marcha el proceso.
A
pesar de que el Partido Popular se opone a esta reforma, los cambios
anunciados por Mariano Rajoy en el debate de investidura no distan mucho
de esta propuesta: este curso las reválidas no iban a ser vinculantes
para obtener la titulación. Pero la polémica se estaba alimentando tras
comenzar el curso 2016/17 con un Gobierno en funciones, sin las pruebas
por especificar, un Consejo Escolar incompleto y los alumnos de
Formación Profesional en ascuas.
El
debate de esta iniciativa fue vetado el pasado mes de octubre por el
Gobierno, al considerar que iba a suponer una pérdida de ingresos de
casi 615 millones de euros, provenientes de Fondos Europeos. El
Ejecutivo alegaba que la paralización de la LOMCE le llevaría a asumir
dicha cantidad de las arcas del Estado, en compromiso con lo invertido
hasta ahora por las comunidades autónomas para ponerla en marcha. Sandra
Moneo Díez del Partido Popular, en su intervención en el debate de ayer
criticó a la oposición acusándoles de “querer volver a una ley
derogada” y “dejar a miles de familias en la incertidumbre”.
La nueva ley de consenso y el Pacto Educativo
Otra
ley educativa fallida. Méndez de Vigo ha cambiado la política poco
dialogante de Wert para empezar a debatir y consensuar con todos los
actores educativos implicados. “El objetivo es crear un Pacto Nacional
por la Educación en España en menos de seis meses”, explica De Vigo,
contando con las asociaciones de padres, asociaciones de estudiantes,
sindicatos educativos, patronales de la enseñanza, inspectores,
presidentes de los consejos escolares autonómicos o CRUE-Universidades
Españolas.
Fue
la semana pasada cuando De Vigo se reunión con PSOE y Ciudadanos para
seguir las negociaciones. El titular de Educación no es partidario de
derogar la LOMCE si no de crear “algo nuevo”, como ya indicó tras la
investidura de Mariano Rajoy. El objetivo, según ha reiterado, es que
las medidas que se acuerden duren, al menos, 15 años.
La
actitud negociadora de PSOE y Ciudadanos con el Gobierno ha quedado
clara tras la intervención de Manuel Cruz Rodríguez (PSOE), que ha
ofrecido su ayuda a De Vigo para “solventar el marrón que le ha dejado
Wert y trabajar juntos”.
Los retos de Méndez de Vigo
En
el ámbito universitario queda también pendiente la reforma anunciada
por el exministro Wert que quedó en un cajón. Solo se han aprobado tres
decretos que afectan a la educación superior, entre ellos, el conocido
como 3+2, que permite reducir un año los grados y aumentar los másteres.
Sobre
esta normativa, que ha provocado el rechazo de la comunidad educativa,
los rectores de CRUE Universidades Españolas han logrado demorar su
aplicación hasta consensuar un listado de títulos intocables con el
Ministerio de Educación para que exista cierta homogeneidad en la oferta
académica de las universidades españolas. Este pacto se materializará
en una orden ministerial próximamente.
Otro
de los objetivos de la legislatura en materia educativa tiene que ver
con la reducción de la tasa de abandono escolar temprano que se sitúa en
casi el 20%. La Unión Europea ha fijado para España bajar al 15% en 2020.
La
subida de las tasas universitarias y la diferencia de precios entre
comunidades autónomas tras la aprobación en 2012 del decreto de
recortes, que permitió subir los precios públicos de los estudios
universitarios, es otro de los asuntos a los que el Ejecutivo tiene que
hacer frente en esta nueva etapa. También bajar el precio de los
másteres para reducir la brecha con el de los grados.
El
Gobierno tendrá que impulsar más medidas contra el acoso escolar.
Aunque aprobó a principios de 2016 un Plan de Convivencia Escolar, la
única iniciativa que ha puesto en marcha desde entonces es el teléfono
contra el bullying el pasado 1 de noviembre, del que tendrá que informar
de forma periódica. En base a esta nueva herramienta, el Ministerio de
Educación podrá actualizar los datos de acoso escolar ya que los últimos
son de 2010.
La
introducción de cambios en el sistema de gobernanza de las
universidades es otro de los temas que han quedado pendientes, tal y
como Rajoy admitió en el último discurso de investidura, en el que
propuso cambios.
Desde la Transición, España ha pasado por cinco leyes educativas distintas en menos de cuatro décadas: La
LOECE en 1980, la
LODEen 1985, la
LOGSE en 1990, la
LOE en 2006, y la
LOMCE
en 2013. Según las nuevas fechas impuestas por el Ministerio de
Educación, en mayo de 2017 asistiríamos a un escenario educativo
distinto. Será una tarea dura para De Vigo que todavía tiene que luchar
contra huelgas de estudiantes -la próxima convocada para el 24 de
noviembre- y la crispación del resto de partidos políticos.
